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The Code, Documentary Film (Crowdfunding)

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Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet, y más de cien prestigiosos juristas de todo el mundo trabajan para que los grandes delitos económicos, financieros y medioambientales puedan ser perseguidos internacionalmente. Con un arma: la Jurisdicción Universal.

Jueces, fiscales y abogados tratando de conseguir que, además del genocidio y los crímenes de guerra, acciones como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y considerados Crímenes Contra la Humanidad.

En nuestra historia han existido visionarios que han entendido mucho antes que el resto que la esclavitud, el colonialismo o el apartheid no era el orden natural de las cosas, sino prácticas inmorales de una minoría que debían ser considerados ilícitos. En la actualidad, un juez lidera un movimiento internacional para que entendamos que los grandes fraudes económicos no son deficiencias del sistema, sino actos premeditados de una élite, que deben ser reconocidos como delitos.

Vídeo de presentación del documental

 Visita la página del proyecto donde encontrarás toda la información

Buenos Aires, septiembre de 2015, durante el Congreso de Jurisdicción Universal, se aprueba la nueva lista de delitos contra la humanidad, incluyendo las características que hacen que determinadas decisiones sean tipificadas como delitos económicos o medio ambientales contra la humanidad. Todo este esfuerzo ha de llegar a las legislaciones nacionales. Buenos Aires es el punto de partida para que un grupo de mujeres y hombres pioneros, liderados por el juez Baltasar Garzón, luchen para modificar el actual estado de impunidad, utilizando su talento, imaginación y conocimiento.

En un planeta de 8.000 millones de habitantes las decisiones económicas irresponsables pueden ser catastróficas. Los activistas jurídicos quieren acabar con la impunidad. Luchando unidos por el bien común y por el fin de la impunidad de los grandes crímenes económicos, financieros y medioambientales.

Necesitamos vuestra ayuda para terminar la producción y hacer que el proyecto se convierta en la película que queremos lanzar al mundo para que pueda marcar la diferencia.

Después de 3 años trabajando en el proyecto, lanzamos una campaña de crowdfunding para conseguir los fondos que necesitamos para finalizar el proyecto. La cantidad recaudada irá destinada a cubrir los costes de postproducción de imagen y sonido, el material de archivo, licencias de músicas, traducciones y también gastos de difusión y promoción. Si logramos la financiación necesaria, confiamos en terminar la película para el otoño de 2017.

Así emplearemos el dinero:

¿Nos ayudas a hacer esta historia realidad apoyando nuestra campaña en Kickstarter? Vuestro apoyo es crucial para lograr nuestro objetivo.

«Se están muriendo sin que hayan enterrado a sus familiares»

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Tras la muerte de su madre, Florentina Rodríguez, hija y nieta de represaliada se pregunta ‘qué tipo de democracia tenemos que ha impedido hasta ahora que las familias de los represaliados por la guerra civil y el franquismo hayan podido encontrar a sus familiares y darles sepultura’
Rocío Borrego, en una foto familiar junto a un retrato de su madre

Rocío Borrego, en una foto familiar junto a un retrato de su madre / CADENA SER

Córdoba

Pasó media vida luchando por encontrar a su madre, Ana Ricarda Cobacho, una maestra de Jauja desaparecida en 1936.  Su padre murió poco después del final de la guerra y ella y sus hermanos vivieron en carne propia el hambre y la represión franquista.

Rocío Borrego Cobacho,  murió el viernes sin poder enterrar a su madre, «La Ricardita»,  igual que ocurrió unos días antes con Francisco Merino, que murió el 14 de mayo sin poder darle sepultura a su padre, fusilado en una fosa común del cementerio de Castro del Río.

El de Ricarda Ana es uno de los casos incluidos en la causa de Baltasar Garzón contra los crímenes de Franco.Desde el colectivo memorialista lamentan esta segunda muerte en menos de un mes de dos familiares de represaliados que no han encontrado justicia.

Tienen dos leyes; la de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero , y la ley de Memoria Democrática de la Junta, recientemente aprobada en el Parlamento Andaluz pero sin desarrollar, tienen el apoyo de los foros y asociaciones de memoria y el peso de una acción que es de justicia para las miles de víctimas de la guerra civil y la represión franquista en nuestra provinicia. Sobre el papel lo tienen todo, pero les falta la ‘voluntad política’ de las instituciones y su ayuda económica para que puedan sacar de las fosas y enterrar a sus familiares desaparecidos.

Hay muchas familias que no pierden esta esperanza pero otras que se indignan al ver cómo, 78 años después, sus padres mueren sin que puedan cumplir con el deseo de exhumar a los represaliados y darles sepultura.

Es el caso de Florentina Rodríguez, cuya madre, Rocío Borrego Cobacho, ha muerto este viernes, sin que haya podido cumplir uno de sus deseos, el de encontrar el lugar en el que estaba enterrada su madre.

Ahora, a la muerte de Rocío , sus hijos están indignados con que incluso con la ley en la mano, no puedan hacer nada. Es más , a estas alturas, se les sigan cerrando puertas para conseguir esa reparación.